Que el día 27 de mayo del corriente la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) ha previsto un acto de 15 minutos en el cual jueces y funcionarios pondrán de manifiesto que a los fines de la desjudicialización se adopten dos medidas básicas: la mediación extrajudicial y la mediación judicial y la creación de tribunales que mediante un trámite rápido consigan que los conflictos penales se resuelvan en un lapso breve.
Considero que tal pretensión vulnera el art. 18 de la Constitución Nacional en tanto se reducen las  garantías previstas por la Ley Fundamental tanto para la víctima como para el victimario. Que existen como antecedentes incorporados a la legislación argentina instituciones como la probation que ha afectado gravemente los derechos de las víctimas a contar con un juicio justo donde se debatan plenamente los hechos que afectaron su integridad personal y/o material en forma injusta.
Los derechos como he puesto de manifiesto en trabajos publicados en revistas jurídicas como La Ley o Derecho del Trabajo y Seguridad Social el derecho privado  puede ser disponible y sujeto a mediación o conciliación pero no así cuando está en juego acciones antijurídicas que constituyen delito ya que el derecho penal es netamente de orden público y requiere hoy más que nunca –el cuestionamiento de la seguridad jurídica es manifiesto- la máxima garantía.
Lo que en realidad se requiere es que tanto jueces como fiscales se dediquen con la máxima diligencia a la labor que les ha sido delegada empleando todas las medidas que sean menester para lograr el objetivo.
Reitero que la víctima va a ser la parte vencida en el supuesto en que se concreten medidas como las que propone la entidad auspiciante de las reformas indicadas.
Creo firmemente que estamos yendo en el sentido justamente opuesto al que reclama la realidad, esto es que los individuos que integran la sociedad obtengan el máximo, el más pleno resguardo por parte del Estado.

Publicado en el diario La Mañana del Neuquen el dia 31 de mayo de 2009

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