En estos tiempos difíciles que nos toca vivir el juez y la justicia deben cumplir un rol especialmente relevante para que la democracia republicana se consolide de manera contundente y definitiva mediante la aplicación por los magistrados en cada caso de aquella solución que se ajuste a la ley y a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.

El juez no aprende en las universidades o escuelas de derecho a ser tal y a hacer justicia en los distintos supuestos que se llevan a su conocimiento y decisión sino que ello nace de una intima y rigurosa vocación que requiere en todos los casos, austeridad, apego por el derecho, consecuencia con el trabajo, riguroso en la aplicación de las reglas de la sana crítica, absoluta independencia al tiempo de considerar y decidir, ausente de una vida social que pueda de una u otra manera comprometer sus fallos. Esto es hacer justicia se corresponde con el innegociable e irreprochable comportamiento ético y moral del magistrado.

Que con fecha 22 de agosto de 2011 en el diario La Nación Online bajo el titulo “Se oficializa la estafa a los jubilados” y un subtitulo que expresa “Si la ANSES carece de dinero para pagar lo que debe por ley, como dijo su titular, es porque el gobierno se lo apropió” se indica que en la justicia previsional se acumulan más de 470.000 demandas de jubilados que reclaman el pago de la movilidad de haberes dispuesto por la Corte lo cual se torna imposible por la negativa de la ANSES a actualizar la jubilación.