En el diario la Nación Online del 22/12/2012, en una nota de Delia M. Ferreyra Rubio se indica que: "Un Congreso democrático es el espacio para el estudio serio y participativo de los proyectos que han de transformarse en leyes. Se trata, en una república, de un poder independiente que dicta las normas generales, pero que tiene como función esencial el control y equilibrio del poder. ¡Ese es el Congreso indispensable para la democracia!".

En el mismo trabajo la autora luego de resaltar que es tan malo un Congreso que no sanciona ninguna ley como aquél que aprueba cualquier cosa agrega: "No es mejor el Congreso que tenemos desde el 10 de diciembre porque haya aprobado en menos de dos semanas un presupuesto basado en una pauta de inflación dibujada; un conjunto de normas de emergencia que delegan en el Ejecutivo un sinnúmero de facultades a pesar de que el relato oficial habla de éxitos y no de emergencias; una ley sobre terrorismo que parece orientada -como ya adelantó un alto funcionario- a penalizar la protesta social o la simple disposición de la propiedad privada; otra ley que faculta al Gobierno a controlar un insumo indispensable para la libertad de prensa, violando la Constitución y los tratados internacionales. No es mejor el Congreso por haberle otorgado a la Presidenta la facultad de determinar por decreto quién paga y quién no paga impuestos, violando el principio básico y originario de la democracia. No han mostrado los legisladores de la mayoría la misma celeridad para aprobar la ley de acceso a la información pública, la eliminación de los superpoderes o la regulación de la publicidad oficial".

Que los jueces al decidir respecto de cualquier contienda judicial deben apreciar no solo la norma jurídica específica aplicable al caso sino la totalidad del ordenamiento jurídico, pues en el supuesto de no hacerlo pueden incurrir en graves errores de hecho y de derecho que en última instancia se traducirán en una decisión que no se ajuste a la cuestión debatida.