Que en relación al derecho a la vida la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en cuarenta y ocho fallos coincidentes sobre el punto que: “El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 de la Ley Fundamental, es una prerrogativa implícita, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y, a su vez, el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal, desde que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida”[1];

La consulta popular efectuada en Loncopué respecto de la ordenanza municipal que determinó la prohibición de la explotación de minerales a cielo abierto cosechó 2.124 votos contra 388 de quienes apoyaban la iniciativa de aceptar el emprendimiento.

Coincidentemente con el anuncio del resultado de la elección el gobierno neuquino anunció que dará "batalla" en tribunales entendiendo que la consulta no es vinculante y violaría normas constitucionales.

Aquí es necesario destacar todo gobierno gobierno tiene razón de ser en función del bienestar general que debe garantizar a los ciudadanos y por ello no existe ninguna cuestión formal, alguna norma jurídica, de cualquier orden, que pueda contrariar la voluntad popular expresada en la urnas como consecuencia de la convocatoria realizada mediante ordenanza municipal para que los vecinos de Loncopué se expidieran democráticamente, haciendo uso del derecho natural a decidir el presente y futuro de la ciudad en que viven, trabajan, crían a sus hijos y construirán el futuro que pretenden. En el caso que nos ocupa los habitantes de Loncopué con una mayoría que alcanzó al 80% de los votos emitidos no dejó ninguna duda que eligió para su destino la no contaminación provocada por la minería no convencional, esto es que se explote su riqueza con metodología contaminante priorizando el medio ambiente por encima de cualquier hipotético beneficio económico.