El 28 de diciembre de 2012 la Oficial de Justicia Verónica Pelayes en cumplimiento de su rol y en virtud de la imposición de la Juez Liliana Deiub de cumplir a cualquier costo la orden firmada por la Dra. Ivonne San Martín que requería a los representantes de la Comunidad Maliqueo dejar libre el acceso a las instalaciones de la firma Apache, se concretó por parte de las autoridades de la firma petrolera y de las autoridades judiciales un manifiesto abuso respecto de la citada trabajadora en tanto sabiendo la existencia de un relevante conflicto entre ambas partes acerca de la cuestión debatida y apareciendo de rigor el enfrentamiento entre los dos bandos, la firma privada insistió innecesariamente en el cumplimiento de la diligencia y la autoridad judicial imprudentemente, sin evaluar la controversia que aparecía inminente ante cualquier hecho con entidad suficiente para encender la mecha de la violencia y el desatino, ejercieron presión a la trabajadora a los fines de que expusiera su integridad física aún cuando la labor se llevara a cabo más allá del horario fijado y todo ese despliegue de apresurado reclamo y autoridad acabó convirtiendo a la Oficial de Justicia en víctima de una situación de violencia cobarde, en tanto sin aviso, en forma alevosa, fue literalmente lapidada por integrantes de la comunidad y la pasividad de agentes del orden, el abogado Jorge Brillo (h) y otros representantes o empleados de Apache.

Ilustracion de Alejo Andina

Que navegando por internet me encuentro con una declaración del Colegio de Abogados de Rosario según la cual "Acá el gobierno perdió la batalla contra la droga. Fíjese que un soldado contratado para custodiar un búnker donde se vende cocaína supera a lo que cobra por año un policía. A esos chicos no les importa si pierden la vida trabajando para un narco, porque parados con un revólver en la puerta del búnker se sienten señores, se sienten respetados y, fuera de ese contexto, lo único que tienen es pura vejación".