En el diario La Nación online, del 04/10/2012, en un artículo de opinión titulado "Una feroz persecución a los jueces", el periodista Joaquín Morales Sola destaca. "Cinco jueces fueron abatidos en apenas quince días. Pertenecían todos al mismo fuero, el Civil y Comercial, que debe resolver sobre la obsesión presidencial para desguazar a un multimedio periodístico. La minoría opositora del Consejo de la Magistratura fue sometida al escarnio público y uno de sus miembros, Ricardo Recondo, fue blanco de una intensa campaña pública de calumnias. La Corte Suprema de Justicia está siendo acosada con el proyecto oficialista del per saltum, que la obligaría a saltar por encima de las todas instancias judiciales para decidir directamente sobre asuntos considerados trascendentes por el kirchnerismo. La calidad de la democracia argentina fue puesta, así, en un peligroso proceso de caída libre, cuya conclusión será la instauración de hecho de un régimen autoritario."

El principio de inocencia consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional al prescribir que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo fue recepcionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoció el derecho del imputado a permanecer en libertad durante el proceso adquiriendo el mismo jerarquía constitucional conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, sosteniendo que “… establecer así regímenes excarcelatorios diversos, solo encuentra justificación en tanto este orientada a que la prisión preventiva –como medida de corrección procesal- conserve su fundamento de evitar que se frustre la justicia, esto es que el imputado eluda su acción o entorpezca las investigaciones. … la limitación de la libertad personal durante el proceso motivada en el reproche o en la repulsa social de ciertas conductas –por más aberrantes que puedan ser- como remedio tendiente a combatir el auge de determinada delincuencia ante la necesidad de mayor protección de determinados bienes jurídicos, importa alterar arbitrariamente los ámbitos propios de las distintas esferas constitucionales para el ejercicio de prerrogativas legisferantes y desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada pues la aspiración social de que todos los culpables reciban pena, presupone precisamente que se haya establecido esa calidad”.