La ley 25.188 de «Ética en el ejercicio de la función pública» regula los «Deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías».

Señalo en primer lugar que la norma exige a quién aspire a desempeñar las distintas funciones del Estado deben cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno.

El artículo 211 del Código Penal prescribe que «Será reprimido con prisión de dos a seis años, al que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desordenes … amenazaré con la comisión de un delito de peligro, o empleare otros medios idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública la pena será de prisión de tres a diez años».