El artículo 17 de la Constitución Nacional prescribe que «...La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada».

Así aparece absolutamente indispensable para que la expropiación se ajuste a lo dispuesto por la Carta Magna, dos elementos, esto es la calificación de utilidad pública, que necesariamente debe ser realizada por el Congreso y luego de concretado este paso debe procederse a la indemnización justa del bien expropiado.

En Argentina las leyes de la Nación son dictadas por los representantes del pueblo. Esto es el soberano le da a un grupo de personas mandato para que realicen el bienestar de la integridad de los mandantes sin excepciones ni preferencias de ningún tipo y ello implica que al tiempo de deliberar y votar en cada supuesto el interés partidario debe ser postergado si se contrapone al del pueblo en su conjunto.