En Argentina el gobierno en todos los ámbitos y en cualquiera de los tres poderes del Estado está reservado a un grupo selecto y aristocrático para quienes ejercer el poder es una cuestión de cuna, hereditaria, que se traspasa de generación en generación, destacando que la cuestión genética precitada no se detiene ante ningún obstáculo e incluso se coloca un peldaño por encima de la Constitución Nacional y de hecho así ha sucedido desde los tiempos de la mismísima organización nacional en tanto para quienes atesoran el poder lo han hecho y lo hacen sin atender recaudos esenciales impuestos por la Carta Magna, como sin duda lo es por ejemplo el artículo 16 de la Constitución Nacional que requiere para acceder a los empleos públicos el requisito de la idoneidad.

En la causa «S. G. E. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA, Expte. 13.241», de la ciudad de Necochea, la jueza que votó en 1° lugar resolvió rechazar la demanda de determinación de la capacidad jurídica de la Sra. G.E.S. promovida por su hija B.G.M. imponiéndole las costas a la peticionante.

El fundamento para tal decisión se basó en que la demandada es plenamente capaz, no encontrando sus capacidades limitadas o restringidas conforme los supuestos previstos por los artículos 31, 32 y ccds. del CCyC.