Luego de la sanción de la ley de libertad de aborto sin objeción alguna ni reproche penal de algún tipo en todos los casos, la pretendida ley ha topado con la negativa de los médicos a efectuar la interrupción del embarazo sin que medie alguna de las causas que lo autoriza conforme el Código Penal vigente. Sobre el punto se ha dicho: “La objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos".

Mientras el Congreso se prepara a consagrar la ominosa ley que autoriza en cualquier momento el asesinato alevoso del niño por nacer contrariando los intereses de la Patria por la que juraron al tiempo de asumir sus cargos, cajonea con argumentos que no son más que excusas para dilatar la sanción de la norma que hoy necesita imperiosamente la Nación.

Ya en un trabajo publicado en Infobae de fecha 24/06/2016 cuyo autor es Carlos Enrique Llera se señala: "La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de política criminal. No se trata de una expropiación, el Estado no dará contraprestación o compensación alguna a los corruptos”.
Es una respuesta eficaz contra el crimen organizado; su núcleo radica en la persecución de toda clase de activos que integren la riqueza derivada de la actividad criminal.