Decía Juan Bautista Alberdi:"Es deber inexcusable de los gobernantes practicar el bien público, bajo la regla inviolable de una estricta justicia. Los representantes del pueblo se legitiman haciendo realidad el bienestar general. Ellos no pueden decidir respecto de mi libertad, de mi inteligencia, de mis bienes, de mi persona, que tengo de la mano de Dios; sino que al contrario, toda su actividad debe estar dirigida a impedir que se me prive de mi libertad, de mi inteligencia, de mis bienes, de mi persona. De modo que, cuando el pueblo o sus representantes, en vez de llenar este deber, son ellos los primeros en violarle, el pueblo o sus representantes no son criminales únicamente; son también perjuros y traidores." (Alberdi Juan Bautista, Obras Selectas).

El 28 de diciembre de 2012 la Oficial de Justicia Verónica Pelayes en cumplimiento de su rol y en virtud de la imposición de la Juez Liliana Deiub de cumplir a cualquier costo la orden firmada por la Dra. Ivonne San Martín que requería a los representantes de la Comunidad Maliqueo dejar libre el acceso a las instalaciones de la firma Apache, se concretó por parte de las autoridades de la firma petrolera y de las autoridades judiciales un manifiesto abuso respecto de la citada trabajadora en tanto sabiendo la existencia de un relevante conflicto entre ambas partes acerca de la cuestión debatida y apareciendo de rigor el enfrentamiento entre los dos bandos, la firma privada insistió innecesariamente en el cumplimiento de la diligencia y la autoridad judicial imprudentemente, sin evaluar la controversia que aparecía inminente ante cualquier hecho con entidad suficiente para encender la mecha de la violencia y el desatino, ejercieron presión a la trabajadora a los fines de que expusiera su integridad física aún cuando la labor se llevara a cabo más allá del horario fijado y todo ese despliegue de apresurado reclamo y autoridad acabó convirtiendo a la Oficial de Justicia en víctima de una situación de violencia cobarde, en tanto sin aviso, en forma alevosa, fue literalmente lapidada por integrantes de la comunidad y la pasividad de agentes del orden, el abogado Jorge Brillo (h) y otros representantes o empleados de Apache.