Para vivir en sociedad los individuos que la integran necesitan una estructura institucional que les garantice

la seguridad -que tendrá en todos los casos, como base esencial, la igualdad-. Esto es, que se reparará el daño y se castigará a los culpables cualquiera que sea la importancia del perjuicio y sin que interesen la identidad y posición social y/o política (poder, influencias, contactos, etcétera) de los segundos.

La amenaza como instrumento coercitivo para hacer o dejar de hacer, para denunciar o no denunciar, para hacer valer los derechos o no, debe estar ausente. El hombre común rápidamente cederá ante la presión de la autoridad, pues es suficiente con los problemas de todos los días (alimentación, vivienda, trabajo, etcétera) como para buscarse otros.

Aquella persona que se resista a la opresión, que decida enfrentarse a todos y a todo por la agresión injusta, deberá transitar un arduo camino; mil dificultades, todas las imaginables. Pero es la única senda. La Biblia destaca que nuestro Creador rechaza a los tibios ("Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca". Apocalipsis 3:15,16).

No es inmolarse por nada: es entregar todo sin austeridad ni especulación para que el trajín de todos los días tenga sentido. Nadie es nuestro dueño. Sólo Dios y nuestro meritorio esfuerzo cotidiano serán los dueños de nuestro destino, nadie más.

Los jueces deben resolver conforme a la lógica, la experiencia y el sentido común. Tales pautas y la ley nos señalan que estamos en la justa senda cuando peleamos por hacer valer nuestros derechos. El legítimo ejercicio de una acción no puede provocarnos perjuicio alguno. Si ocurre lo contrario, si es válido el argumento según el cual hoy en día cualquier decisión es posible en la Justicia, estamos perdidos: la inseguridad jurídica, las reglas de la época del Proceso militar hoy juzgado y castigado, habrán vuelto a tener vigencia.