Argentina posee un mal que la está destruyendo a pasos agigantados. Esto es la ludopatía o adicción al juego. Al respecto, la OMS y sus organizaciones asociadas la reconocen desde 1992 como una "enfermedad o trastorno mental" (ICE-10 Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales de la OMS), remarcándose que incluso ya había sido identificada de forma similar desde el año 1980 por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, ver Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales).

Refiriéndose a esta enfermedad se ha dicho que: "La persona es empujada por un abrumador e incontrolable impulso de jugar. El impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia, consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos emocionales y materiales de que dispone el individuo. Finalmente, invade, socava y a menudo destruye todo lo que es significado en la vida de la persona" (American Psychiatric Association, 1995, "Criterios diagnósticos del juego patológico", http://www.psych.org/).

Tan grave afección que está haciendo trizas la esencia de nuestra Nación, esto es la familia argentina, tiene legisladores y jueces valientes que más allá de cualquier interés luchan denodadamente para que este cáncer comunitario deje de ser.

Así, la ley 6393 de la provincia de Córdoba en su art. 1º párrafo 3º prescribe "Queda prohibido en el territorio provincial a toda persona física o jurídica, pública o privada, la instalación o explotación de los juegos denominados video-póquer, tragamonedas, carreras de caballos; y demás que se realicen mediante la utilización de máquinas o aparatos electrónicos que puedan otorgar premios o cualquier otra prestación susceptible de tener apreciación pecuniaria".

Además de la ley citada me enfrento con una resolución judicial más que valiente y clara dictada por el Juzgado de Faltas Nº 2 (Juzgado de Defensa del Consumidor) de la ciudad de La Plata, Prov. de Buenos Aires de fecha 4 de mayo del 2010, en autos "Expediente DC 100 s/actuación de oficio-resolución 522/10" donde el Sr. Juez Dante Daniel Rusconi ordena de oficio y con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor 24240, disponer a los concesionarios, explotadores y/o responsables de las salas de juego ubicadas dentro del partido de La Plata que se abstengan o cesen según sea el caso de aplicar la resolución 522/10 dictada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos bajo expreso apercibimiento de remitir copia certificada de las presentes actuaciones a la Justicia Penal".

Tal resolución establece estímulos para los jugadores como por ejemplo se le puede conceder a un cliente cien puntos por cada 20 pesos que se jueguen en la máquina. Estos puntos se pueden convertir en créditos otorgados en un dispositivo de juego. Un cliente que juega un umbral establecido de 250 pesos o más por un día (o cualquier periodo de tiempo determinado) recibe un premio de 5 pesos al regresar al día siguiente. Finalmente se destaca que el problema adictivo se centra sustancialmente en las máquinas tragamonedas o tragaperras.

Sobre el punto se ha indicado: "El atractivo de las tragaperras consiste no sólo en la relativa frecuencia con que suenan la monedas al caer, aunque sean en poca cantidad, sino además derrochan músicas, palabras seductoras y colores en movimiento que estimulan y atraen al posible jugador. Quienes han diseñado los programas de las máquinas conocen los mecanismos del comportamiento humano, refuerzan de tal manera la conducta que, quienes padecen alguna debilidad anterior, fácilmente corren el riesgo de convertirse en adictos a ese juego y a otros. Las tragaperras devuelven al jugador un porcentaje fijo del dinero pactado. Pero sepamos que si se juega de forma continuada, se pierde siempre, irremisiblemente." (ver http://www.adiccionaljuego.com).

En definitiva es menester de las autoridades asumir seriamente el problema mirar hacia la propuesta de la ley 6393 de la provincia de Córdoba y al fallo del Juzgado de Faltas Nº 2 de La Plata y dictar las ordenanzas, decretos o leyes que sean menester para acabar o mitigar los efectos de la adicción al juego que está destruyendo a las familias argentinas.

No es una expresión de deseo, es una propuesta concreta donde la ley de Córdoba y la Jurisprudencia del Juzgado de Faltas Nº 2 de La Plata se proyectan como puntos de referencia para que una ley nacional sobre el tema dicte normas drásticas sobre la cuestión desarrollada para acabar o mitigar en grado sumo los efectos del tema desarrollado.