En el programa Periodismo para Todos conducido por el periodista Jorge Lanata del 17/08/2014 se puso de manifiesto el nepotismo absoluto vigente en la administración pública de la provincia de Catamarca donde cientos de familiares y amigos ocupan los cargos públicos sin que importe el detalle de investigar si reúnen la capacidad suficiente para ejercer eficazmente la función correspondiente.

Es justo decir que el ejemplo del Estado catamarqueño es copia fiel de lo que sucede en el gobierno de la Nación y en cada una de las provincias, abarcando los tres Departamentos del Estado, esto es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, añadiendo que en el exterior nos representan como embajadores amigos y parientes afines al régimen de turno, destacando que ello ha sido y es la una manera popular de burlarse de la democracia republicana que manda el artículo 1º de la Constitución Nacional.

El gobierno, para las autoridades Argentinas, ha sido, es y seguramente seguirá siendo un medio espectacular para enriquecer a los dueños del poder, sin límites ni pudor, compartiendo el privilegio con parientes, y referentes sin restricciones de ningún tipo en tanto la ética y la moral son materias pendientes en la carrera política de este desafortunado país.

Grave es que no tengamos salida, para los políticos argentinos el acceso al poder por mandato del pueblo soberano no es el inicio de un camino pleno de realizaciones tendientes al bienestar general, sino el primer peldaño de una gestión de apropiación indebida de bienes y honores, alejados del hombre de a pie que confió en ellos y que al momento de ejercer el mandato lo viola abiertamente olvidando su juramento de cumplir y hacer cumplir, respecto del ciudadano, los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna.

Lo que hoy le sucede a este noble pueblo que ha perdido la sonrisa, su futuro y el de sus hijos, marginado en villas y tomas ominosas, sin empleo ni changas, acosado por la droga y el delito por la omisión dolosa de sus gobernantes que viven sin culpa en la opulencia, probablemente le ocurrirá recurrentemente, sin importar el caudillo de turno que le toque.

Así, aún cuando la televisión no lo muestre, se aprecia sin mayores dificultades que los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura militar no cumplieron con el mandato popular de acabar con la violación de los derechos y garantías constitucionales, de institucionalizar el país, cumplir rigurosamente con la consagración de la democracia republicana, la división e independencia de poderes, la igualdad, la generación de trabajo genuino, de otorgar los beneficios de la libertad, salud, educación, seguridad, desarrollar la riqueza en beneficio de todos, hacer realidad la idoneidad como requisito exclusivo y excluyente para acceder a los empleos públicos y llevar al país al lugar de privilegio que merecía en el concierto de las naciones.

El contrato de mandato celebrado al tiempo del sufragio entre electores y elegidos es, reitero, habitualmente obviado por los gobernantes sin que el hombre común se anime a exigir con firmeza su cumplimiento y resignado acepta su destino de pobreza integral que le impone el funcionario, que abusando del poder que le ha sido delegado por el soberano, hiere de muerte y sin piedad el alma de su pueblo.