Conforme lo normado en La Constitución Nacional el Estado garantiza a sus ciudadanos proveer a la educación, salud y seguridad entre otros derechos y garantías, tal como lo prescriben entre otros los artículos 4, 14, y 33 de la Carta Magna.

Ello implica que tales beneficios son esencialmente de carácter público - sin perjuicio de establecimientos o emprendimientos de carácter privado que se dediquen a los mismos fines - y así el pueblo en general sin distinción ni excepciones tendrían satisfechas sus necesidades de aprender, de asistencia adecuada en tiempos de enfermedad, de resguardo de su persona y bienes mediante la policía provincial o federal.

Lo expuesto es un deber que debe cumplir en tiempo y forma el gobierno tanto nacional como provincial y también el municipal en su caso y para ello ha de proveer los elementos materiales y humanos necesarios para concretar las responsabilidades que la Constitución Nacional le impone de manera indelegable e insoslayable.

No obstante lo expuesto, paulatinamente el gobierno en las distintas jurisdicciones se ha ido alejando de cubrir en plenitud la manda constitucional y hoy la educación pública se ha degradado a tal punto que los educandos, niños, jóvenes y adultos, no asisten a clases porque los educadores han desistido de su vocación dedicándose a otras actividades por los sueldos magros o sus reclamos de mejoras salariales no reciben una respuesta idónea y en tiempo, porque los edificios escolares no se encuentran en condiciones por carecer de calefacción, vidrios, bancos, seguridad, etc. y por ello las familias hacen ingentes esfuerzos para que sus hijos acudan a establecimientos de enseñanzas privadas para conseguir que su derecho a aprender sea una realidad.

En cuanto a la salud, la carencia de elementos humanos - particularmente especializados - es ostensible y encuentra como fundamento el mismo motivo que en educación, esto es salarios austeros que generan la fuga del profesional médico a clínicas y sanatorios privados donde son bien remunerados y cuentan con el material necesario para ejercer su profesión sin sobresaltos.

En este ítem los problemas materiales en el área pública, sea por falta de instrumentos como por la situación deplorable de los edificios son un defecto público y notorio conocimiento.

La inseguridad se ha instalado en la sociedad como problema prioritario y ante la falta de respuesta del gobierno barrios abiertos y cerrados, recurren a la contratación de seguridad privada como paliativos a la desidia estatal en este tema.

La excusa de la falta de recursos expuesta por las autoridades es una excusa sin fundamento. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que esos servicios garantizados por la C.N. se presten en tiempo y forma.

En realidad sucede que el dinero que debe ser destinado a tales fines prioritarios, se desvía sin pudor a cuestiones ajenas al bienestar general.

En definitiva los beneficios de la educación, salud y seguridad han sido sustancialmente abandonados por el Estado delegándolos en la costosa actividad privada tan alejada del hombre de a pie.