En el diario La Nación On Line del 6/01/2012 se informa que "...la presidenta Cristina Kirchner criticó ayer a la Justicia en los términos más duros que alguna vez haya usado, ya que no sólo cuestionó su idoneidad al vincularla con la defensa de ‘las corporaciones’, sino que directamente la acusó de afectar el funcionamiento institucional del país porque se ha transformado en un ‘Superpoder’. El sistema democrático está severamente dañado por la falta de administración de justicia", dijo al opinar sobre el fallo de la Cámara Federal que el viernes último frenó la estatización del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dispuesta por el Gobierno".

La afirmación de la Sra. Presidente sorprende pues en su condición de abogada no puede desconocer que cualquier expropiación que se resuelva por el gobierno nacional requiere que su necesidad sea calificada por ley y previamente indemnizada.

Ello significa que la necesidad de expropiar un bien por razones de utilidad pública, desde el inmueble donde funciona la Sociedad Rural hasta los que integraban el patrimonio de Repsol, requiere en todos los casos una ley del Congreso que así lo declare y fecho, concretadas las pericias que determinen el valor del objeto expropiable, deberá ser previamente indemnizada tal como lo prescribe la Constitución Nacional (art. 17) cuando norma que "...la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

Así tanto en el caso Repsol, como ahora con el espacio que ocupa en Palermo la Sociedad Rural Argentina, el Gobierno procura hacer valer su voluntad por encima de la ley, descalificando sin fundamente un fallo impecable de la Cámara Federal que rechazó la insólita pretensión de expropiar por un simple decreto, obviando las disposiciones y pasos que la carta magna impone para que ello tenga lugar.

Tremendamente grave es la declaración de la Sra. Presidente que con fundamento en la inapelable sentencia de la Cámara que no satisface sus deseos cuestiona la idoneidad de jueces experimentados y probos y les imputa afectar el orden institucional.

Sucede que el kirchnerismo jamás va a aceptar sentencia alguna que no respondan a sus apetencias y por ello llega lisa y llanamente a desconocerlas, simplemente no cumplirlas, como sucedió con el fallo de la Corte que dispuso la extradición a Chile del terrorista Apablaza o la reinstalación en el cargo del Procurador General de Santa Cruz.

Ambas sentencias, claras, precisas, sólidamente fundadas, no fueron cumplidas por el Poder Ejecutivo Nacional circunstancia que demuestra que el poder judicial lejos está de ser un “Superpoder” como afirma la Sra. Presidente.

Quizás esta errónea declaración de la Sra. Presidente esté motivada en realidad en que sabe que el fallo de la ley de Medios será contrario al Gobierno Nacional, y estos violentos ataques a la justicia no buscan más que ejercer la máxima presión para torcer el brazo de los magistrados tratando que al final la sentencia que dicte la Corte en este complejo caso sea del gusto de la Sra. Presidente o, como todo es posible en este desafortunado país, poner en comisión al Poder Judicial o cambiar por decreto los actuales magistrados por otros, pues para la doctrina neomarxista de los años setenta que adoptó el kirchnerismo, la Justicia es un departamento molesto y absolutamente prescindible.