Leer que el fallo de la justicia que extendió la cautelar de Clarín es escandaloso, escuchar los gritos desaforado en igual sentido de todos los funcionarios públicos en radios, diarios y televisión es un asunto inconcebible, en tanto aparecen como expresiones inmaduras e imprudentes de aquellos que tienen la máxima autoridad de gobernar los destinos de una Nación mediante la razón y la prudencia.

El Gobierno nacional debe dar ejemplos a los ciudadanos y si estos están obligados a cumplir rigurosamente los fallos de la Justicia en cada caso, más aún, aquellos que son las autoridades elegidas para que los representen y que han convertido un trámite judicial en una contienda que sí o sí debe resolverse a favor del Gobierno.

Las controversias judiciales se resuelven con una sentencia, que más allá de las ideologías, corresponde que se ajuste estrictamente a derecho. La aplicación por la justicia de la ley prevista para el caso, es la única garantía de dar a cada uno lo suyo.

El pueblo votó a sus mandatarios para que los gobiernen con tino y responsabilidad, para que dedicaran su tiempo a realizar el bienestar general y carece de sentido que esas metas que comprenden atender los servicios de educación, salud y seguridad además de afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad, aparezcan obviadas por una pelea entre gallos de riña cuyo objetivo real el pueblo desconoce.

Si sabe el pueblo que el Poder Ejecutivo debe, como los ciudadanos de a pie, acatar respetuosamente los fallos de los tribunales y si aparecen inadecuados apelarlos ante una instancia superior,  pero lo que no puede hacer el Departamento Administrador es avasallar la Justicia esforzándose en imponerse a ella, pues eso no sólo es improcedente sino violatorio de la división de poderes, esencia de la forma republicana de gobierno que consagra la Ley Fundamental.

Sin duda que tal decisión es muy grave pues pone de manifiesto una manera de actuar totalitaria, absolutista, repugnante a la Democracia y violatoria del poder que el pueblo le ha otorgado a sus representantes al tiempo del sufragio.

Obviamente que estas declaraciones destempladas del Poder Ejecutivo tienen que cesar, ministros y funcionarios deben acatar los fallos y dejar de presionar con juicios políticos a los Magistrados que no se ajusten en sus sentencias  a la voluntad del Gobierno Nacional.

En el caso se está ejerciendo un presión al Poder Judicial que nunca vi en mis 65 años de vida. Los jueces a su tiempo dictaran la sentencia definitiva en este asunto "Gobierno Nacional c/ Grupo Clarìn", por el momento y en razón de poder vulnerarse derechos adquiridos. La justicia sólo ha dispuesto una medida cautelar que no es otra cosa que impedir que cambie la situación de hecho, evitando que se puedan causar perjuicios irreparables a las partes antes de dictada la sentencia definitiva.

Esa medida se adopta todo los días respecto de cualquier ciudadano en supuestos similares por todos los tribunales del país. Es un trámite procesal común que no provoca la locura de nadie.

En suma el gobierno debe decidir si respeta la división de poderes o impone definitivamente un régimen contrario a la Constitución Nacional creando las condiciones para que se generen situaciones de hecho que pondrían en peligro las instituciones del país y la paz de sus habitantes.