El viernes 5 de octubre del 2012 todos pudimos ver por televisión al señor  Ministro de Justicia, Julio Alak, anunciando que el Poder Ejecutivo recusará al juez subrogante Raúl Tettamanti denunciando una maniobra para mantener en el cargo al citado magistrado en contra de las aspiraciones del Poder Administrador en el sentido que se designe por el Consejo de la Magistratura un juez  que coincidiendo con el criterio de la señora Presidenta, decrete la constitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios y así el día 7 de diciembre llegue a su fin el Grupo Clarín en todas sus versiones periodísticas esto es escritas, radiales y televisivas de manera tal que T.N. y particularmente el programa del periodista Jorge Lanata "Periodismo para todos" deje de ser.

Obviamente lo ocurrido constituye - como lo ha puesto de manifiesto el Colegio de Abogados - una gravísima intromisión del Poder Ejecutivo en funciones propias del Poder Judicial y consecuentemente un atentado inconcebible a la división de poderes que es la esencia de la forma republicana de gobierno. En otras palabras, no existe democracia republicana si no se respeta la división de poderes, y mucho menos si el Poder Ejecutivo pretende determinar los jueces que deben ser designados en cada caso, en tanto la justicia es el fundamento de cualquier sociedad civilizada siendo impensable que a los argentinos se nos obligue a convivir en una sociedad injusta, en una sociedad donde reine  la anarquía y sólo rija la voluntad del amo de turno.

Aquí aparece importante señalar que la designación del Dr. Raúl Tettamanti es absolutamente legítima en tanto fue realizada conforme al reglamento de subrogancias vigente, aprobado por resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura y el nombramiento fue avalado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En realidad este avasallamiento constitucional debe ser apreciado con atención, pues el objetivo del Poder Ejecutivo  -atento hace suponer el atrevimiento de su accionar - va más allá del Grupo Clarín y tiende a hacer realidad la consigna del gobierno de "ir por todo", lo cual implica apropiarse de la totalidad de los derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a los habitantes, empresas y organizaciones de cualquier tipo.

Así el oficialismo entiende que la democracia republicana que marca la Constitución Nacional es una democracia senil, que deber ser transformada a los fines del modelo, para conquistar el poder político, tomar el poder para luego ampliar la hegemonía del Estado hasta que se pueda identificar el Poder Ejecutivo con el Estado, construyendo en definitiva una Nación donde el Poder Judicial y Legislativo estén sometidos al Ejecutivo.

Tal intención se aprecia en actitudes como la narrada  y entre otras muchas en las múltiples restricciones impuestas al hombre común para actuar libremente, según se le antoja, en los distintos aspectos de la vida cotidiana y la exclusiva y excluyente intervención del Poder Ejecutivo en todos los actos del Estado donde jueces y legisladores aparecen como dependientes sumisos y obedientes al interés presidencial.

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