Existen distintos ámbitos donde se clama por seguridad jurídica. Sin duda el prioritario es ese ámbito cotidiano donde el ciudadano desarrolla la vida diaria y que comprende su hogar, su familia, la calle, el trabajo, la vuelta a casa.

Esa garantía de confianza está sin duda a cargo del Estado, traducida en la policía y en la justicia adoptando las medidas de prevención generadoras de paz y tranquilidad.

Lamentablemente el Estado ha postergado esa obligación indeclinable. La falta de inversión en la fuerza policial es manifiesta. Los agentes del orden deben adquirir con sus magros ingresos desde el chaleco antibalas hasta los borceguíes, incluso hace unos día se público en los distintos medios, que en la ciudad de Neuquén no se puede implementar el operativo de prevención programado pues no logran conseguir choferes para los móviles en tanto se exige al futuro conductor que se haga cargo con su dinero de los gastos relacionados con la tramitación del certificado de antecedentes que cuestan $ 80 y el examen neurológico para lo cual debe hacer una erogación de $ 150.-

Lo expuesto en el párrafo precedente es una pequeña muestra que el gobierno no realiza los mejores esfuerzos para que la seguridad jurídica sea realidad.

Es un tema de extrema seriedad, la perdida de vidas humanas inocentes a manos de criminales se han convertido en noticia habitual que reflejan los diarios cada día, aún cuando las propias víctimas hayan adoptado medidas supletorias a la acción oficial como instalar cámaras de seguridad, rejas, etc.

Por otro lado la justicia no hace honor a los abultados presupuestos que se le asigna en cada jurisdicción retaceando la actividad investigativa, lenta, ineficaz y así ésta manifiesta falta de diligencia determina el archivo de casi el 80 de los casos penales que se denuncian.

Así las cosas no puede esperarse ninguna mejoría en materia de seguridad jurídica en la vida del hombre común si la situación no se revierte sustancialmente mediante una seria y relevante inversión en elementos materiales y humanos en las fuerzas de seguridad, si la justicia no adopta una actitud decidida a investigar minuciosamente cada caso que llega su conocimiento y decisión con el fin de desentrañar lo sucedido y sancionar justamente a los delincuentes.

Tanto el gobierno nacional como el de cada una de las provincias deben reflexionar seriamente sobre el tema e instrumentar las políticas que sean menester sin peros ni excusas, para que el ciudadano pueda transitar cada jornada con tranquilidad, sin prevenciones, sabiendo que al llegar a casa, al fin de la jornada todo estará en orden, que la violencia y la inseguridad ha sido una pesadilla que ha llegado a su fin.