El artículo 33 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la vida y a la salud de todos los habitantes y siendo así el gobierno no puede dictar normas que pongan en riesgo la plena vigencia de los mismos. Al respecto la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: "Las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución son normas imperativas tanto para gobernantes como gobernados y obligan al Estado federal como a las provincias. Las garantías individuales existen y protegen a las personas por el sólo hecho de estar contenidas en la Constitución e independientemente de las leyes y reglamentos” (Fallos: 239 - 459).

Por otro lado parece sensato concebir que ningún gobierno dictará disposiciones que lesionen los derechos básicos enunciados en el párrafo precedente, pues la salud y la vida son derechos esenciales para ejercer cualquier otro.

No obstante lo dicho el gobierno nacional mediante prescripciones restrictivas a las importaciones está afectando intensamente el goce de esos derechos al no permitir el libre ingreso al país de medicamentos, generando el desabastecimiento de fármacos a gran escala y sin ninguna discriminación.

Así no sólo se ha generado una situación de angustia en las personas que no consiguen la droga que alivie o cure su enfermedad, sino que concretamente ya ha generado sin duda el agravamiento de patologías que culminan siendo fatales si no se tratan debidamente como el cáncer, o los trastornos psiquiátricos graves ante la ausencia en farmacias de remedios oncológicos y psicotrópicos que jamás debieron integrar las medida impeditivas impuestas con inusual rigor por el poder ejecutivo que contrariando la Carta Magna no ha dudado en actuar sin frenos vulnerando los derechos humanos de mayor relevancia, atreviéndose por un puñado de dólares, a introducir en un objetivo económico o financiero a la salud y la vida de los argentinos.

Es una decisión que además vulnera principios elementales de convivencia social relacionados con el bienestar general, la seguridad y la paz pública que debe garantizar el Estado sin peros ni limitaciones y que aparecen obviadas sin ningún rubor por las autoridades responsables de proveer de manera irrestricta el ingreso fluido de medicamentos al mercado llevándole a la población que los necesita y reclama la tranquilidad indispensable para sanar la afección que padezca, superando la ansiedad y el miedo que provoca en los enfermos la realidad descripta.

Entiendo que el gobierno puede resolver cuando medien graves situaciones financieras y económicas medidas extremas pero cuando esas resoluciones afectan manifiestamente la salud y la vida de la población lo dispuesto indica que en verdad está ocurriendo una situación catastrófica en la economía del país y que se oculta a la población, pues no encuentro otra explicación para una medida que inquieta, que aumenta el padecimiento de los enfermos y hasta lleva la muerte en pacientes con afecciones severas.

Si no estamos al borde del abismo, sí sólo es una estrategia financiera o económica, corresponde que los responsables reflexionen sobre los infinitos males que la falta de medicamentos está provocando.

De mantenerse la medida corresponde que se informe a la población la crisis excepcional que justifique que se utilice la salud y la vida del pueblo argentino como factor de decisiones financieras o económicas.

El cáncer, el SIDA, las afecciones psiquiátricas, etc., no esperarán que la economía y las finanzas mejoren. Si no se normaliza la provisión de medicamentes, si no se vuelve a la situación anterior a las restricciones, las autoridades que llevaron a este caos en materia de salud, a la desesperación y padecimiento de los enfermos serán responsables por cada agravamiento, por cada muerte que pueda producirse por esta decisión.