En fecha 5 de abril del 2011, leo en el diario Río Negro un artículo de opinión escrito por la periodista Alicia Miller, que lleva por título "Pode Judicial y Ciudadanía donde en el último párrafo se reclama "Sería deseable que las decisiones políticas que los poderes del Estado dicten respecto de la Justicia tuvieran en cuenta, precisamente, el interés de la ciudadanía".

Como destaca el trabajo citado la democracia republicana se caracteriza por contar con  tres poderes independientes, donde no se admite de manera alguna la intromisión de alguno de ellos en el ámbito de las atribuciones propias del otro, apareciendo teóricamente impensable que el poder ejecutivo se atreviera a influir de alguna manera en la legislatura o en la justicia, ya sea ejerciendo presión sobre sus miembros o designando a jueces que le son manifiestamente leales y procurando por todos los medios provocar el alejamiento de aquellos que no responden a sus intereses.

También sería una locura (como afirmó la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci), que el poder ejecutivo desobedeciera una orden judicial, menos aún si la misma proviene de Corte Suprema de justicia.

Así es, lo expuesto, siguiendo los pasos de la Constitución Nacional, sería un auténtico desatino pero, lamentablemente, es lo que sucede en la práctica. El poder ejecutivo tanto a nivel nacional como provincial ejerce sin pudor toda la influencia - que es ilimitada - sobre los otros dos poderes, sustancialmente de la manera que indiqué mas arriba desapareciendo la república como forma de gobierno para convertirse en una autocracia donde una persona, la/el presidente/a o gobernador/a, con la ayuda de sus partidarios más fervientes es el dueño del gobierno del país o la provincia, no atiende las sentencia judiciales que lo obligan a hacer u omitir, se gobierna por decreto, los famosos DNU (Decretos de necesidad y urgencia a nivel nacional), se obvia a las legislaturas, que tampoco se resisten con seriedad al atropello ejecutivo, y la justicia se debate en una mezcla de servidores fieles al titular del poder y una minoría que al oponerse termina enfermándose y renunciando. Las subrogancias son múltiples  y obviamente el principio del juez natural  es una utopía.

Esta política de sometimiento del poder judicial se instaló en el orden nacional desde que se inauguró la presidencia de Néstor Kirchner y se extendió con un efecto dominó a las jurisdicciones provinciales.

Así sucedió en Neuquén a partir del 2004 y sus secuelas persisten hoy con las mismas características negativas que en Río Negro ,esto es como dice la señora periodista en el artículo referenciado "Hoy se advierte la existencia de jueces sustitutos elegidos a dedo o validados falazmente, vacantes que quedan sin cubrir por años y años, una intrincada red de subrogancias que zarandea los expedientes de mano en mano dejando a los justiciables en el limbo y licencias por estrés que se miden por semestres."

Lo expuesto se ha instalado en el país en todas las jurisdicciones sin que se aprecien posibilidades de cambio pues la gran herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para mantener su hegemonía son los Consejos de la Magistratura, que con la activa participación de la legislatura y amigos del poder elegirán en cada caso no al juez o funcionario más idóneo, sino al que resulte más conveniente para los intereses del gobierno.

Aquí es oportuno destacar que este órgano suprapoder -el Consejo de las Magistratura - por la participación de miembros relacionados directa o indirectamente con el poder ejecutivo y Legislativo, vulnera la democracia representativa, consagrada en el artículo1° de la C.N. al generar una indebida intromisión en las atribuciones propias de la justicia en tanto designa a sus miembros, los controla y los remueve

Lo expuesto nos coloca a los ciudadanos en una situación en una situación de absoluta inseguridad jurídica pues nuestros legítimos intereses serán siempre postergados cuando entren en conflicto con las apetencias del poder de turno.