Argentina conforme lo normado en su Constitución adoptó para su gobierno una democracia republicana que implica una estricta división de poderes esto es que en situaciones como las que atravesamos el Poder Ejecutivo o el Legislativo no pueden entrometerse en los actos del Poder Judicial y menos cuando la vicepresidente del país se encuentra involucrada en 13 procesos donde se le imputa graves delitos.

A raíz de lo dicho ni Fernández en su calidad de presidente ni Cristina Fernández como vicepresidente de la nación, pueden afirmar públicamente que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti son jueces en virtud de un acto político institucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia, a la vez que sostengo que ambos magistrados fueron propuestos por el ejecutivo y avalados por el Senado de la Nación, como así también que es absolutamente legitimo que el presidente de la CSJN ocupe el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura.

En verdad Cristina Fernández con el aval del presidente Fernández intentan imponer una Corte Suprema de 26 miembros afines con la señora vicepresidente y así conseguir la impunidad en las graves causas plenas de prueba que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py.

Sin duda es una idea descabellada que pretende ejercer presión contra los jueces y fiscales que intervienen en los diversos casos, y que dejará de ser con el alegato fiscal del 1ero de agosto en la causa por corrupción en la obra pública. 

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