La inseguridad y la angelización del delincuente Imprimir
Escrito por hector luis manchini   
Martes, 18 de Febrero de 2014 14:37

La inseguridad se encuentra con razón en el primer lugar en el ranking de la preocupaciones de los argentinos, no obstante ello como señala la periodista Diana Cohen Agrest en el diario La Nación On Line del 18/02/2014 bajo el titulo "El costo de erigir al delincuente en mártir" el proyecto de nuevo Código Penal "angeliza al delincuente", disponiendo la reducción de la prisión a un mínimo mediante el programa de estímulo educativo vigente, que excarcela al reo hasta dos años antes de cumplida la pena y la instrumentación de "penas alternativas", aplicadas en países civilizados para quien ensucia un monumento público o interrumpe el tránsito y no para los asesinos reincidentes que destruyen vidas y familias enteras en el día a día.

Esta pretensión no se entiende si apreciamos el incremento de la violencia doméstica y callejera, del patoterismo promovido desde el Estado, de la impunidad compensada por los ajustes de cuentas y la justicia por mano propia, hechos que cada día son noticias destacadas en los medios y que no reciben la debida respuesta del Estado.

Así esta ideología modernosa se vuelca en los códigos procesales de las provincias como la del Neuquén donde la victima es obviada, se le niega su derecho a acusar a su victimario acorde al delito sufrido, se impone la solución del conflicto a costa de su dolor con el pretexto de una paz social que cada vez aparece más lejana en tanto al delincuente se le otorgan guiños de parte del poder para robar, violar, agredir, matar en tanto la sanción para su brutal quebrantamiento del orden social será ínfimo, sin relación alguno con el hecho criminal cometido.

Por ello es atinada la expresión de la periodista Agrest en su nota cuando señala "¿Acaso no se preguntan cómo es posible que en democracia se hayan multiplicado por varias decenas de miles las víctimas de la violencia pública manifestada de muy diversas formas pero con el denominador común de la ausencia del Estado? Si sumamos los muertos por inseguridad a los muertos por evitables delitos de tránsito, ¿acaso no se trata de un suerte de "genocidio" imputable a una irresponsabilidad de los tres poderes que nos gobiernan, sometidos por igual a una angelización de los delincuentes y a una impune indiferencia ante las víctimas, la mayoría proveniente de los sectores más vulnerables de la población?"

Esa impune indiferencia ante las victima aparece clara en el Código de Procedimiento del Neuquén cuando le niega en el juicio a la querella la posibilidad cierta de exponer sin limitaciones la entidad del daño sufrido y hacer triunfar su pretensión de justa sanción y reparación imponiéndose en todos los casos la omnímoda voluntad del fiscal que no ha padecido el dolor y sufrimiento del damnificado y que dibuja hechos y calificaciones que introducen lo que denominan "cuestión social" en pro de la "resocialización del delincuente" al que convierten en mártir, ha golpeado, robado, violado, matado por culpa de una sociedad que no lo supo contener y por ello la víctima, ese ciudadano al que vulneraron en su integridad física, sexual, saquearon impunemente golpeándolo sin piedad, debe soportar y ceder en pro de "la paz social".

Para asegurarse que el delincuente se encuentre rápidamente con la libertad y el delito el Estado le ofrece la suspensión del juicio a prueba, con penas que no son tales que lo ubican sin dilaciones en su ámbito de violencia e impunidad.

En esta desafortunada realidad de políticos, jueces y fiscales garantistas que avalan al que agrede, viola, roba y mata es hora que los ciudadanos, el hombre de a pie que se ve damnificado por esta concepción progre, alce la voz, exija a los gobernantes el cumplimiento del mandato otorgado al tiempo del voto,se aprecie las preocupaciones del pueblo, el clamor de seguridad ciudadana, y se acaben las excusas, la justicia liberada para los delincuentes y la víctima obtenga el pleno reconocimiento de las garantías de debido proceso, igualdad y seguridad que le otorga la Constitución Nacional antes que la justicia por mano propia reemplace la respuesta institucional cada vez más ausente.