Es errado el concepto según el cual la autoridad y el poder emergen del cargo que se ostenta. Es absolutamente falso. El cargo es un ente vacío, un recipiente sin contenido que puede llenarse o no con las atribuciones, dones, capacidad, ética y moral de aquel que lo ocupa.
Lo dicho es particularmente trascendente si hablamos de la actividad pública y, en especial, del ejercicio de cualquiera de los tres poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por haber ejercido durante 30 años funciones judiciales me referiré en especial al tercero de los departamentos.
En tal sentido, es común que se aprecie por el magistrado o funcionario que la mera designación le otorga la tan ansiada autoridad, y no es así. La experiencia ganada en el cargo reclamada por la más tradicional doctrina judicial se traduce en la necesidad, en primer lugar, de contar con una experiencia importante en la función que se ejerza, destacando que no es una mera cuestión de tiempo sino de tiempo útil, tiempo en que con perfil bajo como corresponde a la austeridad y discreción de la Justicia se hayan realizado aportes de importancia tanto en la actividad jurisdiccional como en la investigación y el mejoramiento de la tarea diaria, definiendo temas de política judicial que ayuden a la excelencia del sistema.
Particular relevancia adquiere el desempeño honorable y honesto, no cediendo jamás a ningún tipo de presión o sometimiento. Sólo el propio criterio y la justa solución, más la necesidad de hacer cesar con rapidez el estado de incertidumbre, son las circunstancias que deben orientar la acción de los jueces.
No es una ingenuidad ni soy un principiante, sino un convencido de que sin la efectiva actuación de los valores esenciales para la convivencia, como el honor, la honestidad, la decencia y el rechazo de cualquier tipo de presión a toda costa, la justicia no existe, fenece, muere, es sólo una escenografía, esto es, cartón pintado.
La autoridad no se da por una elección, se gana en el responsable ejercicio del cargo, en la convicción de que lo único que justifica el rol que nos han asignado es satisfacer las necesidades del justiciable.
Lo dicho es válido para cualquiera de los otros dos poderes porque, en última instancia, no somos más que mandatarios del que tiene el auténtico poder, nuestro mandante único: el pueblo todo. Solamente ante él y ante Dios debemos rendir cuentas.
La prestación de cualquiera de los departamentos que integran el Estado no es más que un servicio público. Somos servidores, y lo lamento si a alguien le molesta tal designación.
En el supuesto de los magistrados, nada puede superar a la acción de administrar justicia con prudencia, idoneidad, conforme a Derecho y apreciando al otro, al hombre común que clama por sus derechos.
No es camino sencillo, está muy lejos de las riquezas y de los privilegios que se presumen, es un sendero de apego al trabajo duro, de respeto y consideración al otro.
Comprendido lo precedente, si nuestra actuación se ha ajustado a las pautas indicadas podremos ejercer la autoridad no para lograr beneficios extraordinarios sino para repeler cualquier ataque injustificado que pueda llevarse a cabo contra el afán de hacer justicia o vulnerar la independencia. No podrán abusar de nosotros. Los sólidos fundamentos de una actuación limpia, clara y sin dobleces constituirán el mejor aval e impedirán cualquier artilugio tendiente a interferir y frustrar en forma indebida la libre decisión del magistrado.

Publicado por Rio Negro (impresa y online) el 18/11/2007