La creación de la organización Justicia Legítima tuvo por único fin cuidar las espaldas del kirchnerismo, esto es del partido político de Cristina y Néstor Kirchner y con esta afirmación destacó que no es ni fue una asociación civil sino que es una organización con objetivos políticos atento lo enunciado ut supra y así todos aquellos que forman y formaron parte de la misma tienen igual carácter, esto es actúan políticamente  adquiriendo particular importancia dentro del plan de subordinar a la justicia a los planes kirchneristas.

Digo que es una asociación de naturaleza política sustentado fundamentalmente en la clase de actos que llevan a cabo poniendo de manifiesto tal carácter cuando la entidad por medio de un comunicado anunció enfáticamente «apoyamos y concurriremos a la marcha #1F para sumarnos a expresar el repudio popular y peticionar colectivamente a las autoridades la urgente democratización de la Justicia con perspectiva de género, el fin del lawfare, la reformulación de la instancia más alta del poder judicial, verdadero y último sustento de esas prácticas judiciales cuya gravedad se devela día a día con mayor intensidad».

La marcha del #1F a la cual apoyó con particular fervor la asociación Justicia Legítima se organizó por iniciativa de numerosas personalidades, organizaciones sindicales, de DDHH, sociales, entre ellos el piquetero Luis D’Elia, el diputado y titular de la CGT Hugo Yaski y el triunviro de la CGT y 2do de camioneros Pablo Moyano.

Se le imputa a la CSJN el traslado o expulsión ilegal de jueces, las prisiones preventivas ilegales, las causas paralelas, la elección arbitraria de tribunales, el espionaje ilegal, la protección a todo funcionario del anterior gobierno que impide sancionar los delitos por ellos cometidos, sosteniendo finalmente que el #1F demostrará que, tal como lo sostienen las encuestas de opinión el descredito judicial, es por lejos, el más alto de toda la historia, aproximado hoy a números absolutos, y esa opinión se hará sentir por igual en todo el país.

En el comunicado que venimos desarrollando, Justicia Legitima insiste en que el reclamo no se agotará el #2F, sino que esa gran cantidad de personas que saldrá a la calle, seguirán sin duda, en estado de alerta y movilización permanente, para sostener la búsqueda de respuesta todo el tiempo que haga falta.

Por otro lado, Justicia Legitima expresa su más enérgico rechazo y condena a las maniobras ilegales demostrativas del lawfare ejecutado en la PBA durante el gobierno de María Eugenia Vidal puestas en estos días en conocimiento de la opinión publica y denunciadas ante la justicia por la interventora de la AFI Dra. Cristina Caamaño.

Aquí Justicia Legitima en una afirmación que imprevistamente aparece como una senda que conduce a los autores de los afiches de la Gestapro le atribuye al gobierno de Vidal en la PBA la aspiración de aplastar a las organizaciones de los trabajadores con un cuerpo represivo como la tristemente celebre Gestapo, la brutal policía secreta nazi creada por Germann Görin para actuar por fuera de todo control legal o judicial.

Lo expuesto muestra que Justicia Legitima lejos de ser una asociación civil siempre fue un apéndice del kirchnerismo y varios de sus miembros ocupan y ocuparon cargos en los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández por caso la actual interventora Cristina Caamaño es una de sus fundadoras.

Ahora bien, los jueces socios y afines de Justicia Legitima no dudaron ni dudan en fallar en favor de los imputados kirchneristas lo cual se ha visto en distintos juicios como por ejemplo aquellos en que fueron absueltos o dejados en libertad condicional socios como el exvicepresidente Boudou y la propia vicepresidente.

En suma, podemos afirmar sin duda que Justicia Legitima es una asociación política al servicio del kirchnerismo y en especial de la actual vicepresidente, sus hijos y todos aquellos que les son afines y los jueces que fallan sin fundamento jurídico para favorecer a los socios kirchneristas deben ser sometidos al pertinente juicio político y sus sentencias declararse nulas pues el autor de ellas carece de independencia recaudo indispensable para todo acto jurídico válido.

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