El actual gobierno argentino no tiene en mira lograr el bienestar general que impone el Preámbulo de la Constitución Argentina sino solamente conseguir de cualquier manera la absolución de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la multitud de causas judiciales en las que se encuentra involucrada con abundante prueba en contra de la funcionaria.

El brutal ataque a las instituciones se encuentra instado, alentado por el propio presidente de la nación, Alberto Fernández quien hace pocos días anunció que iba a impulsar un debate público para lograr “el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Agregando que “las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, impone revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal” (lanacion.com.ar 4/1/22).

Lo expuesto constituye un inconcebible e inconstitucional ataque a las instituciones republicanas, a la división de poderes que tal forma de gobierno exige, más aún cuando tal llamado se llevaría a cabo en manifestaciones populares planeada para el 1/2/2022 a las 18h frente a Tribunales.

Como ciudadano y habiendo ejercido y defendido los valores de la democracia representativa me avergüenzo y condeno la convocatoria popular del presidente Fernández reclamando que sea sometido a los procedimientos legales pertinentes para que reciba la justa sanción a tamaña inconducta. 

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