La justicia penal argentina requiere para que un sujeto sea sometido al tramite criminal común y aplicar en plenitud las leyes de forma y de fondo pertinente la edad de 18 años. Por debajo de la misma me atrevo a afirmar que las distintas medidas de seguridad no son más que paliativos que esconden en verdad una absoluta impunidad respecto de los delincuentes menores de edad no existen instituciones adecuadas para cobijarlos y recuperarlos como asi tampoco personal especializado en ese punto.

Así aun en casos tan aberrantes como el que se detalla a continuación y que fuera publicado por el diario Rio Negro el día 7 de agosto de 2009, pág. 37, el autor del crimen que añicos los sueños e ilusiones de un joven de 20 años luego de los trámites de rigor que no duraron mas de una pocas horas fue entregado a su familia. Obviamente no existe impedimento alguno para que este homicida precoz vuelva a cometer otros ilícitos de la misma o peor atrocidad sin que la sociedad cuente con medios y estructuras eficientes para impedir que ello ocurra.

Como se ha señalado en otra oportunidad debe terminarse con la hipocresía que significa el privilegio de no ser castigado en razón de la edad debiendo para ello los legisladores dictar de manera urgente las normas necesarias para que esta violencia de niños acabe o se le ponga coto. Destaco que luego haber ejercido la profesión de abogado y juez durante casi 40 años estoy seguro de haber llegado la hora de hacer cesar de manera contundente esta espiral de violencia en que la falta de control familiar y social lleva a situaciones como las que estamos analizando.

Por supuesto las leyes que se dicten reduciendo necesariamente la edad de punibilidad debe ir acompañada de la creación de los institutos que sean necesarios para una real resocialización del menor delincuente particularmente en aquellos supuestos de delitos graves.

Es un deber de la clase gobernante más allá de cualquier fundamento demagógico enfrentar sin duda, sin excusas la situación apuntada.

Por eso los Sres. Legisladores al ser los representantes del pueblo deben actuar en el sentido de escuchar el clamor del pueblo que pide que estos infantes que con una ligereza total asesinan sin piedad aun sin motivo alguno reciban un severo castigo, el debido tratamiento en su caso, esto es que en definitiva en la Argentina la vida vuelva a tener importancia, en fin de que más allá de la edad del delincuente el castigo que se aplique este en relación directa a la gravedad del ilícito y no sean siempre los buenos y trabajadores los que deban ser llorados y los victimarios disfruten –más aún cuando son menores- de todos los beneficios que le garantizan leyes e instituciones pensadas para una realidad distinta.

Haga clic aqui para leer la nota