Por: Claudio Savoia 

La noticia, hace dos semanas, dejó un regusto amargo en tiempos de fuerte desconfianza hacia la honestidad de los funcionarios públicos: después de catorce años de juicio, por un acuerdo entre las partes para evitar que el proceso se siga extendiendo y todo quede en nada, los siete acusados por el pago de coimas en un contrato entre la empresa IBM y el Banco Nación recibirán penas de dos y tres años de prisión en suspenso. ¿La parte buena? El Estado recuperará más de 17 millones de pesos. Aunque nadie irá preso, es todo un triunfo: en Argentina, los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del uno por ciento termina en condenas. Jueces y fiscales que no planifican lo que van a investigar, carpetas que acumulan papeles inútiles, trampas formales para dilatar el proceso y peritos que no aportan pruebas importantes, son las causas repetidas. Y nadie hace algo por corregirlas.

Revisado el: 30-11-2009 20:22

Si bien la jueza Rosa Parrilli deberá someterse a juicio político, había logrado evitar el proceso penal a cambio de tareas comunitarias.

El beneficio de la probation, otorgado a la magistrada que agredió a dos empleadas de tránsito porteñas, es un instituto que despierta controversias. Implica la suspensión del juicio penal en los casos en los que las penas sean menores a tres años a cambio de la reparación del daño causado y la realización de tareas comunitarias.

El sistema, adoptado en 1994 por el Código Penal, permitió a través de los artículos 27 bis y 76 bis que la condena pudiera ser reemplazada por tareas comunitarias en aquellos casos en los que la pena máxima prevista para el delito no exceda los tres años de prisión.

Tras la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la probation o suspensión del juicio a prueba, fue incorporada al Código Contravencional.

Revisado el: 27-10-2009 17:58