(Comunicados de Prensa ONU – Naciones Unidas Derechos Humanos)

En un nuevo informe de la ONU se destallan las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras.

«Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos», dijo Valiñas (Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU).

Represión de la disidencia a través de los organismos de inteligencia del Estado

«En sus informes anteriores, la Misión había destacado el papel de los dos servicios de inteligencia militar y civil del Estado - la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), respectivamente - en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales. La Misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad».

«El presente informe ofrece un análisis más detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de ambos organismos, en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad».

«La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la DGCIM, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede “La Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país».

«El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango».

«Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos».

Abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero

«El informe de la MIIV [Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela] documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no sólo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar».

«En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos, los enfrentamientos que se produjeron en 2019 tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a Gran Sabana desde Brasil, cuando las fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra personas indígenas».

Nota a los editores

«En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) mediante la resolución 42/25, por un año, para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. En octubre de 2020, mediante su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la MIIV por dos años más, hasta septiembre de 2022».

«En septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe en el que se detallaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014. En su segundo informe, presentado en septiembre de 2021, la MIIV centró su investigación en el sistema de justicia y su respuesta ante las violaciones de los derechos humanos y los delitos documentados por la Misión».

El tercer informe de la MIIV:

«Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno, y (b La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar».

Imagen de mendozatoday.com