El Frente de Todos obviando el régimen republicano de gobierno que manda la Constitución Nacional e implica el estricto respeto a la división de poderes - legislativo, ejecutivo y judicial - y la consecuente prohibición a cualquiera de ellos de inmiscuirse en los asuntos que son propios de los otros determina que el ataque iniciado por el poder ejecutivo contra el judicial con el único fin de beneficiar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner alegando sin fundamento alguno que las condenas que se dicten en su contra se basa en razones políticas y por ello claman por la remoción de la integridad de la Corte Suprema de Justicia, es inadmisible.

Con tal pretensión se ha llegado al colmo de recurrir a la ONU mediante la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, intentado justificar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo el juicio político contra los miembros del máximo tribunal argumentado que Cristina Kirchner era una víctima de la persecución.

Así horas después de la presentación de Pietragalla, el Consejo de Derechos Humanos pidió a la Argentina que "asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales".

Lejos de seguir el claro pronunciamiento de la ONU, el FDT logró el 10/02/23 que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inicie las investigaciones para promover el juicio político de la Corte que en cualquier caso no podrá prosperar pues para ello se requiere una mayoría de 2/3 que el FDT no tiene y por ello el diputado Mario Negri afirma que se está malversando el Juicio Político.

Luego en el afán de satisfacer la ansiedad de su jefa el FDT no duda en vulnerar la C.N. intentando que finalmente Cristina Kirchner quede libre de culpa y cargo en todas las causas en que está imputada por graves delitos de corrupción. Lamentable.

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