La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ya fue indagada y procesada en la causa relacionada con la investigación de la defraudación al Estado a traves de la obra pública, donde fue acusada de la asociación ilícita del fraude en cuestión junto a otros ex funcionarios como Julio de Vido y José López todo ello tal como informa el diario Clarín on line del 25/06/2018.

La maniobra defraudatoria consistió en favorecer a Báez con 52 contratos de obra pública que como remarca el medio ya señalado implicó una ganancia para el empresario de 52 mil millones de pesos aunque la mitad de las obras no se terminaron y tuvieron un sobreprecio del 65%.

Resulta que en esta causa donde se investiga el lavado del dinero   el juez rechaza la indagatoria de Cristina y los demás ex funcionarios sin considerar la obviedad que ello sólo pudo concretarse con la entrega fraudulenta de las obras por parte de aquellos funcionarios que tenían potestad para hacerlo y obviamente la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios subalternos relacionados con el otorgamiento de esos bienes a Báez quien percibió el dinero y los sobreprecios y procedió a su lavado mediante la construcción de infinidad de inmuebles en la Patagonia y en diversas zonas del país tal como se probó en la causa de defraudación al Estado y ha sido de público y notorio conocimiento por la difusión televisiva y otros medios.

Lo expuesto son datos más que suficientes para generar una situación cercana a la certeza respecto a la necesaria intervención al menos de la Sra. ex presidente en el otorgamiento de las obras y la consecuente percepción de las retribuciones por parte del Estado y el lavado de ese dinero en la construcción de inmuebles y colocaciones en cuentas en el exterior entre otras inversiones que muy probablemente sean del conocimiento de la ex presidente y todo ello es causal más que suficiente para citarla a indagatoria tal como solicitaron UIF y la Oficina Anticorrupción a fin de que se expida sobre esos puntos y sobre todo aquello que solo ella puede conocer.

No sabemos a ciencia cierta cual es el motivo por el cual el juez Casanello se niega a llevar a cabo la indagatoria a Fernández de Kirchner salvo la arbitrariedad a la que nos tiene acostumbrados la justicia en la Argentina.

Apareciendo oportuno señalar que lo mismo sucede con el magistrado a cargo de la causa del asesinato del Fiscal Alberto Nisman a pesar del prolongado tiempo que ha pasado desde que la Cámara se lo ordenara ha hecho caso omiso a la orden de determinar a los asesinos con celeridad no obstante lo manifiesto y notorio que aparecen hasta para el hombre de a pie los nombres y apellidos de aquellos que fueron autores intelectuales y materiales del asesinato en cuestión.

Los jueces deben actuar conforme a la lógica, la experiencia y el sentido común con celeridad y buena fe circunstancias, que no suceden en ninguno de estos dos casos y por ello  corresponde que se los someta al juicio político pertinente por consagrar la impunidad por omisión y retardo de justicia.

Fuentes

Diario Clarin on line

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